Alberto Paranhos, ROLAC, UN-HABITAT


Estimad@s colegas,

Quisiera simplemente reforzar lo que dijo muy bien Don Olman Fuentes, de Costa Rica. Está claro que los procesos de privatización no son necesariamente buenos o malos per se, sino que dependen de a qué problemas, resultados y criterios responden. Entendemos que, desde el pubto de vista del cliente (usufructuario/a de los servicios catastrales), no importa si la entidad es pública o privada, sino que sea eficiente y que, dentro de lo posible, sus costos sean compatibles con la capacidad de pago de la clientela, observada la necesidad de que se repague por lo menos en parte las inversiones realizadas y las actualizaciones a futuro.

De todas formas, junto con los aspectos técnicos, los aspectos operativos son igualmente importantes y dependen también de la voluntad política de quien estuviera al frente de la entidad de gobierno responsable del área. Uno de los problemas frecuentes de las operaciones privatizadas es que la entidad gubernamental se siente "desvinculada de toda responsabilidad" al traspasar las operaciones al sector privado, lo que es un error y una falta de visión en defensa de la clientela (ciudadanía en general). Sin embargo, hay excelentes casos de catastros públicos gubernamentales que, de tan buenos, están siempre en la mirada de empresas privadas que estarían muy dispuestas a operarlos. Sin embargo, no conozco todavía casos exitosos de empresas privadas que hayan asumido la operación de algún catastro desastrosamente malo, hayan hecho inversiones mayores para corregirlo y lo tengan actualizado, atendiendo en forma adecuada (costo-beneficio-eficiencia) al gobierno y a la ciudadanía, tanto individuos comp empresas.

En Paraguay, la Cámara de la Construcción (CAPACO), apoyada por UN-HABITAT, trató de realizar un ejercicio en algunas ciudades, con este objetivo: sumir un catastro desactualizado, invertir para mejorarlo y repagar su inversión por medio de una fracción de las operaciones a futuro, mediante un contrato de concesión. El esquema fue declarado ilegal por la rama judicial del gobierno y se perdieron tanto las inversiones previas de CAPACO como la mera idea de la alianza pública-privada al nivel local. Tod@s lamentamos mucho esa oportunidad perdida, por mal comprendida, pero estamos list@s para volver a intentar en otro país o ciudad que presente condiciones mínimamente favorables (autoridades dispuestas, sector privado interesado, monto operativo atractivo para la sempresas).

Cordial saludo,
Alberto