Alberto Paranhos, ROLAC, UN-HABITAT.


Estimad@s colegas de foro,

Sobre el planteamiento que nos hace Patricia, quisiera empezar indicando que estaría muy de acuerdo con los comentarios que hace Don Luis Gómez Martínez, de Nicaragua, y les añadiría algo más.

a) Es absolutamente necesario disponer de una homogeneización del formato del catastro al nivel nacional, para permitir que la entidad nacional rectora del mismo pueda realizar la consolidación de las informaciones, comparaciones y estudios al nievl nacional. En este particular, Nicaragua dió un gran paso con la adopción del esquema SISCAT desde el inicio de los años 90s, dentro de un paquete de cooperación en donde estaban el PNUD, UN-HABITAT, los Gobiernos de Suecia y Dinamarca, y la implementación en forma conjunta por parte de la Dirección de Catastro del Ministerio de Hacienda, el INIFOM y el INETER. No spe cómo anda esta iniciativa actualmente, pero sé que la decisión de descentralizar las operaciones de catastración y recaudación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) permitió que, en su conjunto, las Alcaldías recaudaran en seis años más de cinco veces lo que el gobierno nacional venía recaudando en promedio.

Lamentablemente, no se pudo adoptar una serie de recomedaciones hechas por UN-HABITAT a partir de 2001/2002 para asegurar la sostenibilidad institucional y financiera de la iniciativa, con miras a su posible "privatización" (lo pongo entre comillas porque se tartaba de hecho de una "desestatización" parcial, con la operación tercerizada pero la propiedad en manos del Estado);

b) Hay un temor generalizado de que la privatización ponga en riesgo la "confidencialidad" de los datos, lo que es un riesgo real. Por otro lado, no tiene sentido mantener "secreto" sobre un conjunto de datos que es muy útil y neecsario para la formulación de políticas de desarrollo económico y social, tanto públicas como privadas, si es que no se da una difusión adecuada a las informaciones derivadas de los catastros;

c) Ya se pensó algunas veces en traspasar a empresas privadas la operación de las demandas ciudadanas sobre informaciones derivadas de catastros, con la intención de que, al atender esas demandas, la empresa "concesionaria" desarrollo otros estudios sobre esa base y se autofinance en cuanto a la operación de las demandas, de modo de que este traspaso no le cueste nada al Estado, pero tampoco impacte al bolsillo de las familias más pobres y empresas más pequeñas; uno de los elementos críticos, en este particular, es que la formación de la base de datos catastrales cuesta una buena fortuna y ningún gobierno pretende traspasarla sin costo a la empresa privada, lo que está correcto, mientras las empresas privadas no aceptarán pagar esa fortuna por la base de datos sin estar absolutamente seguras de poder recuperar (y con creces) este valor por medio de la venta de los servicios (además de asegurarse el mantenimiento de la calidad de la información, porque éste es el verdadero valor de la base catastral - calidad de la información);

d) Por otro lado, hubo casos bastante interesantes en donde entidades de formato privado dentro de la administración pública (como fundaciones, autarquías, etc) operen dicha información y hagan estudios, etc, de la misma, de modo no solamente de autofinanciarse, como de atender en forma gratuita a las demandas de las autoridades locales, incluida la orientación a las empresas de servicios públicos (agua, alcantarillado, energía, teléfono) sobre expansión y ampliación del servicio, interconexión de las tarifas, etc.


Un cordial saludo a tod@s,
Alberto